AI: “Sentencia en juicio de saharauis empañada por la inacción para investigar denuncias de tortura adecuadamente”

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Fuente: Amnistía Internacional

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Un tribunal declaró hoy a 23 activistas saharauis culpables en relación con los mortales enfrentamientos que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental, tras no excluir en las vistas judiciales pruebas empañadas por denuncias de tortura, dijo Amnistía Internacional.

A primeras horas de esta mañana, el Tribunal de Apelaciones de Rabat impuso a los acusados penas de entre dos años de prisión y cadena perpetua en relación con los enfrentamientos desencadenados tras el desmantelamiento forzoso en 2010 de un campamento de protesta pacífica en Gdim Izik, en el Sáhara Occidental, en los que resultaron muertos 11 miembros de las fuerzas de seguridad y dos manifestantes saharauis.

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“En el juicio la mayoría de los acusados declararon ante el tribunal que los habían torturado para hacerlos ‘confesar’ o autoincrimisarse o incriminar a terceros. Si el tribunal realmente hubiera querido darles un juicio justo, a estas alturas ya habría realizado una investigación adecuada de las denuncias de tortura o excluido las pruebas cuestionables en las vistas”, declaró Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“El hecho de que durante más de seis años las autoridades judiciales no hayan investigado de manera adecuada las denuncias de tortura en esta causa empaña la sentencia de hoy”

El tribunal aún debe hacer público el fallo por escrito fundamentando en detalle la sentencia condenatoria de esta mañana.

Personas que presenciaron el juicio en calidad de observadores contaron a Amnistía Internacional que 8 de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y 11, a penas de entre 20 y 30 años de prisión. A dos se les impusieron penas de seis años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, y se espera que sean puestos en libertad hoy, dado que ya han pasado ese tiempo recluidos desde su detención en 2010. Otros dos fueron condenados a dos años de prisión, pena que en la práctica ya han cumplido.

En 2013, un tribunal militar marroquí había impuesto a los acusados penas de igual severidad en un juicio manifiestamente injusto. En julio de 2016, el más alto tribunal de apelaciones de Marruecos, el Tribunal de Casación, anuló esta sentencia condenatoria por considerar que no había pruebas concluyentes que vincularan a los acusados con la violencia de 2010 y ordenó nuevos procedimientos ante un tribunal civil.

Pese a las reformas judiciales recientes, los tribunales marroquíes han dictado reiteradas sentencias condenatorias contra los acusados basándose en sus declaraciones a la policía durante los interrogatorios, sin investigar de manera adecuada las denuncias de que los interrogadores utilizaron tortura u otros malos tratos para obligarlos a autoincriminarse.

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