El eurodiputado Florent Marcellesi: ¿Y si la autodeterminación saharaui llegara en buque?

Esta semana hemos recibido una alentadora noticia por parte de la justicia sudafricana. El buque NM Cherry Blossom ha sido detenido en el puerto sudafricano de Port Elisabeth ante la sospecha de que contuviera fosfatos originarios del Sáhara Occidental, tras la denuncia del Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática.

Aún es pronto para determinar si efectivamente el contenido del buque contraviene la legislación internacional, pero lo cierto es que, tras más de cuarenta años de bloqueo en la ONU y en Europa, parece que por fin empezamos a atisbar avances en la causa del pueblo saharaui, gracias a la resistencia pacífica, la acción no violenta y a través de la defensa de los recursos naturales. Porque hay que recordar que una solución política en el Sáhara Occidental va más allá de la convocatoria de un referéndum, e incluye entre otros, el respeto a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, y el derecho a decidir la organización económica del Sáhara Occidental por parte de su pueblo. Algo que hasta ahora viene haciendo el Reino de Marruecos como potencia ocupante, con el apoyo de numerosas empresas europeas e internacionales, en contra de los principios más básicos del Derecho Internacional.

No deja de parecerme llamativo que haya sido la justicia sudafricana la primera en dar un paso tan importante como el de detener un buque, y, en este sentido creo que tanto los Estados miembros como la Comisión Europea deberían tomar nota. Especialmente, las autoridades españolas y neerlandesas, a las que hace una semana comuniqué un caso parecido, el del buque de bandera española Albiz, que llegó al puerto de Dordrecht procedente de El Ayún el pasado 30 de abril. Ya no pueden alegar falta de conocimiento o coordinación como con el buque Key Bay cuando su paso por Canarias y Francia. Tienen que actuar para hacer respetar el derecho europeo y, en particular, la sentencia de la Corte de Justicia Europea.

Me alegra enormemente ver cómo la conciencia de la sociedad civil ha despertado en este asunto. Aprovecho también para recordar a las empresas europeas que ellas también están obligadas a respetar la voluntad del pueblo saharaui en lo que respecta a la explotación económica del Sáhara Occidental. Al no respetarlo se podrían enfrentar a problemas serios tanto jurídicos y económicos -como vemos en Sudáfrica- como de imagen pública y éticos -como vemos con Siemens-. No es en ningún caso su interés, y tampoco el de la UE y sus representantes. Nuestro interés común es respetar el derecho europeo y utilizarlo como base y herramienta para aportar una solución duradera para el Sahara Occidental.

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